El Congreso de los Diputados ha aprobado la Ley de Movilidad Sostenible, un hito legislativo que impulsa la descarbonización y la modernización del transporte en España. En medio de este importante avance, una de las decisiones más relevantes ha sido la negativa a modificar las etiquetas ambientales vigentes de la Dirección General de Tráfico (DGT), que clasifican los vehículos según su impacto medioambiental.
Esta decisión, tomada por la mayoría parlamentaria, responde a la preocupación de no generar confusión en los consumidores en un momento en que los vehículos eléctricos e híbridos enchufables están ganando una importante cuota de mercado. En 2025, estos vehículos ya representan aproximadamente una de cada cinco adquisiciones, un crecimiento que invita a mantener estabilidad en los criterios del etiquetado para facilitar la transición hacia una movilidad más sostenible.
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La Ley de Movilidad Sostenible, que ha tardado más de tres años en aprobarse, establece medidas clave para transformar el transporte en España. Entre ellas, la implementación de planes de movilidad sostenible en el ámbito laboral, la promoción de la electrificación del sector, la digitalización de la gestión del transporte de mercancías y la construcción de infraestructuras de recarga para vehículos eléctricos. Con la aprobación de esta norma, España podrá acceder a 10.000 millones de euros en fondos europeos para promover estas iniciativas.
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Este enfoque también está respaldado por la regulación vigente que aborda las emisiones de CO2 a través de otros mecanismos, como el Impuesto de Matriculación, el impuesto sobre hidrocarburos, el próximo sistema europeo de comercio de emisiones ETS2 para el transporte por carretera, y los estrictos límites y sanciones de la Unión Europea para emisiones contaminantes. Además, para 2035 está previsto que toda venta de vehículos en la UE sea de modelos cero emisiones, lo cual supone la máxima intervención regulatoria orientada a la descarbonización total del parque móvil.
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