Imparable aunque lógico. Así podría definirse la situación actual de la infraestructura de carga en España. Porque según los datos recopilados por AEDIVE, Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica, la red pública de infraestructuras de recarga para vehículos eléctricos en España continúa su crecimiento y ya ha alcanzado los 48.070 puntos de recarga operativos hasta el 31 de agosto de 2025.
Para AEDIVE, estos datos reflejan el esfuerzo continuo de los operadores y las administraciones por mejorar la infraestructura necesaria para impulsar la movilidad eléctrica. No obstante, el crecimiento sigue enfrentando obstáculos, principalmente administrativos y de financiación, que ralentizan el ritmo de instalación en algunas zonas, especialmente en áreas rurales o menos pobladas.
Los puntos rápidos, en aumento
la carga rápida. Entrando en detalle, los puntos de recarga se distribuyen de la siguiente manera:
- Cargadores de potencia baja (menos de 22 kW): 32.586 puntos, que suponen aproximadamente el 63,4% del total.
- Puntos de recarga rápida (22 a 50 kW): 9.852 unidades, con un incremento del 17,93% respecto a principios de año.
- Cargadores de potencia alta (50 a 250 kW): 4.807 puntos, que han crecido un 75,69%, reflejando la apuesta por recargas más rápidas para facilitar desplazamientos largos.
- Ultrarrápidos (más de 250 kW): 825 puntos, con un aumento del 57,15%, clave para reducir significativamente los tiempos de carga en rutas interurbanas.
¿Donde hay más puntos de carga?
Madrid y Andalucía con 9.649, 6.904 y 6.792 puntos, respectivamente. Destaca que Andalucía ha superado recientemente a Madrid en el número total de infraestructuras instaladas, mientras Madrid recupera posiciones gracias a la instalación de nuevos puntos de alta potencia.
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A pesar del avance, España aún está lejos de cumplir con las metas establecidas por la Unión Europea para 2030, que demandan más de 300.000 puntos públicos de recarga y una flota de millones de vehículos eléctricos en circulación. Por ello, la coordinación entre sectores público y privado y la agilización de trámites serán cruciales para acelerar la transición hacia un modelo de movilidad plenamente sostenible.